El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado que las Comunidades Autónomas dispondrán de 40 millones de euros para financiar la mejora de la movilidad en autobús en el marco del nuevo “Mapa Concesional” en el que ya se está trabajando. Un mapa que tiene como objetivo rebajar las tarifas para los usuarios y mejorar los tiempos de viaje.
Durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para explicar la Ley de Movilidad Sostenible, el secretario de Estado ha asegurado que el objetivo principal de la ley es poner al ciudadano en el centro de las políticas de movilidad, que se reconoce como un derecho, y la ley facilitará soluciones de movilidad para todas las personas, vivan donde vivan, priorizando alternativas sostenibles para la movilidad cotidiana. Esta es la razón, según Santano, por la que la ley reconoce la movilidad como un derecho.
También ha destacado que la ley introduce un foro de diálogo permanente con todas las administraciones, para lo que se crea un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esa coordinación.
Nuevo mapa concesional
La ley ordenará el Mapa Concesional de las líneas de autobús interurbanas. El objetivo esencial marcado, de acuerdo con el espíritu de la Ley, es que las concesiones del Estado cumplan su papel de canalizar los grandes flujos de transporte en autobús, adaptándose a la demanda actual y haciendo más competitivo al transporte colectivo por carretera, con mejores tiempos de viaje, y todo ello bajo con el principio de que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje.
En este sentido, ha avanzado que este nuevo enfoque requiere que se intensifique la colaboración con las Comunidades Autónomas para coordinar las redes de ambas administraciones.
El Ministerio de Transportes está dispuesto a destinar 25 millones de euros para mecanismos de compensación desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas que les permitan integrar en sus redes aquellos tráficos internos de su competencia que aún se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido pese a tratarse de tráficos de competencia autonómica.
Todo ello sin olvidar que las Comunidades Autónomas también dispondrán de los ingresos que obtengan de estos servicios una vez empiecen a prestarlos bajo su competencia, del orden de 15 millones de euros, para que la oferta al ciudadano sea completa y acorde a sus necesidades con un transporte adaptado a la demanda.
Además, el secretario de Estado ha destacado que la Ley de Movilidad Sostenible mantiene y consolida nuestro sistema concesional, cuyo futuro se garantiza con este nuevo Mapa Concesional para el que se establecerán plazos concretos con el fin de avanzar en su renovación.
Este nuevo mapa, al optimizar el desarrollo de las rutas y aumentar la ocupación de los autobuses, permitirá reducir las tarifas más de un 20%, así como mejorar los tiempos medios de viaje, llegándose en determinados servicios a mejoras de hasta el 30% respecto a los tiempos medios de viaje actuales.
Además, el diseño del nuevo mapa concesional permitirá una mayor ambición en la renovación de las flotas de autobuses vinculadas a estos contratos y promoverán el desarrollo de nuevas aplicaciones de información al viajero, en las que ya se está trabajando desde el Ministerio de Transportes.
En definitiva, el mapa es una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivo, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al vehículo privado, ganando cuota y mejorando así la eficiencia global del sistema que da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y potencia la interconexión con las redes autonómicas de transporte por carretera respetando el marco competencial.
Los cuatro pilares de la Ley de Movilidad Sostenible
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.
El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares:
- Un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.
- Limpia y sana: el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Se busca, así, priorizar la movilidad activa (caminar, ir en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. La Ley trata de promover alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas de movilidad colaborativa o compartida.
También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
- Un sistema digital e innovador: la ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.
La Ley incluirá herramientas para facilitar la innovación. Por ejemplo, se crea un sandbox de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.
- Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar de la Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública. La Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.
El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
Para lograr estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad, es imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Para ello la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación.
Este sistema consta de varios instrumentos:
- Foro de cooperación entre todas las administraciones.
- Foro Administrativo de Movilidad Sostenible.
- Un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible.
- Un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (EDIM).
- Un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (DOMOS).